Un pozo de riego no deja de ser una perforación subterránea para captar agua.
Los pozos se clasifican a efectos administrativos en función de la profundidad del pozo, el caudal, diámetro, materiales con los que se ha construido.
Por ejemplo, los pozos antiguos son anchos y de ladrillo. Los nuevos en cambio son entubados y con diámetros muy estrechos, normalmente cerrados, en lo que se filtra el agua. La bomba de extracción y la potencia son también factores a tener en cuenta, así como el hecho de que se apoyen sobre una balsa de agua para ir acumulando el agua.
Las sequías y el nivel de bajada de los acuíferos llevan a que haya pozos con incluso 120 metros o más de profundidad. Por otro lado, la profundidad parece ir en aumento ante la escasez de agua y la búsqueda de nuevas bolsas de agua.
En la mayoría de los pozos y cuencas hidrográficas es posible pero con limitaciones por número de solicitudes en las cuencas hidrográficas sobreexplotadas.
Es por ello, que en las zonas más delicadas es conveniente contar con un asesoramiento especializado de abogados e ingenieros especialistas en legalización de pozos de riego a la hora de tramitar vuestra solicitud de pozo de riego para uso agrario.
Si quieres legalizar un pozo de riego para agricultura de la Sección B, las Confederaciones hidrográficas tienen un plazo de resolución de 18 meses.
Pero lo cierto, es que algunas confederaciones hidrográficas tienen una fuerte carencia de medios para tramitar la legalización de los pozos y los requisitos son muy grandes por lo que se puede incluso alargar hasta el doble si falta algún documento.
Este es uno de los supuestos más frecuentes.
Los agricultores tienden a pensar que legalizar un pozo o sondeo de riego es un proceso sencillo, y que las Confederaciones Hidrográficas entienden las particularidades de las explotaciones Agrarias.
Las explotaciones familiares son las más problemáticas por cuanto que, las propiedades son de varios titulares y la Administración o Confederación hidrográfica exige un único solicitante. No revisar correctamente las escrituras, las parcelas del catastro o los derechos de plantación conllevan la paralización del expediente y en muchos casos la denegación de la solicitud de legalización de pozo.
Además, la documentación que se exige requiere de constante visitas a las oficinas de la Administración pública siendo necesario invertir un gran número de horas tanto para hacer las distintas solicitudes como para informarse.